Consejo de Europa: la indemnización por despido en España es insuficiente y no protege al trabajador.  

(29 julio 2024) 

El Comité Europeo de Derechos Sociales hace pública su resolución y concluye que la indemnización por despido improcedente no cumple su carácter disuasorio

Tirón de orejas a España en materia de derechos laborales. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha hecho público este lunes su fallo sobre la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente. El organismo dependiente del Consejo de Europa, en respuesta a la reclamación presentada por la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), ha concluido que estas indemnizaciones no son disuasorias ni reparatorias.

De forma que el CEDS da la razón a UGT y condena a España por no cumplir con la obligación de dar una compensación adecuada por despido injustificado. El organismo señala que la legislación española viola el Artículo 24 de la Carta Social Europea (CSE), que garantiza el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido.

En concreto, el Comité ha determinado que la compensación establecida por la ley española, fija y predecible, no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por las personas trabajadoras despedidas injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.

El trabajador no está obligado a devolver el paro cobrado indebidamente si la prestación se concedió por error del SEPE

"El trabajador no es culpable de los errores del SEPE"

El Tribunal Supremo, en reciente Sentencia del mes de abril, ha resuelto un litigio iniciado por un trabajador a quien el SEPE reconoció una prestación por desempleo en el marco de un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) aplicado por una empresa durante la pandemia de COVID-19, a pesar de que su reducción de jornada superaba el límite legal permitido.

El TS ha resuelto el caso aplicando por analogía una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se ha tenido en cuenta:

• La buena fe del interesado y su falta de contribución a la decisión administrativa adoptada de forma errónea.
• El importe reclamado y si la prestación en cuestión cubre necesidades básicas de subsistencia.
• Que la decisión que obliga a reintegrar las cantidades mantenga un equilibrio justo entre el interés general y el derecho de propiedad individual, sin que la obligación de devolver una prestación indebida pueda resultar desproporcionada.